Recientemente se ha cerrado el acuerdo entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Trabajo Social que ha permitido presentar conjuntamente al Gobierno del Estado un proyecto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante la intermediación entre las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de ejecuciones hipotecarias. El proyecto se basa en experiencias como la de Terrasa que han ofrecido buenos resultados.
El proyecto (ver aquí) contempla que los trabajadores sociales sean quienes detecten, evalúen y atiendan los casos y, si fuera preciso, propusieran su derivación a las Oficinas. El proyecto justifica la colaboración con el Consejo de la Abogacía y describe el funcionamiento del servicio (leer más).
El acuerdo representa la preocupación de los trabajadores/as sociales por los efectos de una coyuntura que condena a muchas familias a la pérdida de su vivienda habitual en un contexto donde el excedente de viviendas resulta escandaloso (ver entrada antigua).
En Castilla y León funciona desde hace unos meses un Servicio Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio. En sus primeros cuatro meses de existencia atendieron a casi 600 familias (leer más).
Se trata de ejemplos donde las competencias de las trabajadoras/es sociales en materia de valoración de situaciones de riesgo social, de mediación entre personas y organizaciones y de acompañamiento deben estar puestas al servicio de los ciudadanos que más lo necesitan.
Muy interesante el tema, no estaba al tanto de este acuerdo entre Abogados y Trabajadores Sociales, dicho así por resumir.
ResponderEliminarRespecto al Servicio puesto en marcha en Castilla y León, de lo que yo conozco no me gusta nada. Dicen que se han abierto oficinas, cuando la realidad es que se está sobrecargando con esta tarea a personal que ya tiene otras responsabilidades. Desconozco lo que habrán hecho en otras corporaciones, en la mía ninguna de las dos personas que lo llevan son trabajadores sociales, esto sólo como apunte, que tampoco me parece imprescindible. Y la instrucción que hemos recibido los trabajadores sociales de base cuando nos encontremos con un caso así es decirles que llamen al 012 para que les den cita, nada de derivación directa por nuestra parte, así que nuestra función se queda muy escasa, cuando la realidad es que en muchos casos la historia nos acaba volviendo a nosotros, porque esa es la valoración que hacen en en servicio: derivación a CEAS. Pero claro, dicen que han cerrado el expediente... pero ¿se ha resuelto algo, en realidad?
Este tema me tiene bastante molesto porque se deberían explicar un poquito mejor estos datos que está publicando la Junta.
Un abrazo, Pablo, y gracias por ponernos sobre la pista!!
No sé muy bien cómo está funcionando en Castilla y León. Por lo que dices, no es "oro todo lo que reluce". Me informaré de ello. Yo quería destacar en la entrada el papel que las/los TS tienen-pueden tener en este campo. Muchas gracias por tu comentario. ¡Un abrazo Eladio!.
EliminarEn ese sentido, Pablo, tu entrada me parece muy oportuna. Creo que se nos está limitando a los trabajadores sociales la función que podemos hacer. De hecho he tenido un caso en el que no han citado a la familia en este servicio porque no lo consideran adecuado, ya haré una entrada sobre el tema, que me tiene bastante molesto. Como no les han citado he sido yo quien ha hecho la intervención, pero la instrucción que tenemos es derivar directamente, y considero que estamos mareando un poco a la gente.
ResponderEliminarMe ha gustado mucho tu entrada porque podemos hacer muchas propuestas!! Otro abrazo para tí!!