Las políticas se han olvidado de las personas

Es habitual distinguir entre distintos tipos de políticas según al ámbito específico al que se orienten. Así hablamos de política económica, energética, laboral, de vivienda, de infraestructuras, educativa... y también de política social. Ésta última se distingue del resto porque está más centrada que las demás en garantizar derechos sociales, es decir derechos prestación cuya finalidad es evitar que las personas se vean acuciadas por necesidades básicas que les impidan el desarrollo personal y el ejercicio de su libertad. Aunque distinguir entre diferentes tipos de políticas está muy extendido, no podemos olvidar que todas las políticas deben ser, en última instancia, sociales. Es decir, deben validarse como buenas o malas según su impacto en las personas, en la sociedad, desde el punto de vista de si contribuye a mantener o incrementar el desarrollo personal y la libertad de sus miembros. Esto podría ser de otra manera, pero los estados modernos se definen, como en el caso del Estado español, como estados sociales (ver más - Constitución española).

Toda esta introducción para enmarcar la crítica que sigue: la política en general y la política social en particular del Estado español y de gran parte de las Comunidades Autónomas ha fracasado... y está fracasando, porque se han olvidado de las personas... de sus necesidades y de su sufrimiento. Parece aceptado que la acción política no se valore por su impacto sobre la gente... si no por sus efectos en el crecimiento económico, por su alineamiento con los mercados o por su contribución a la competitividad exterior... Asistimos a un distanciamiento de la acción política de las preocupaciones de las personas, dejándolas a su suerte en un contexto muy difícil. Los pobres y excluidos (perdedores) parecen caídos inevitables (efectos colaterales) de una especie de batalla individual contra el destino y sólo les queda reponerse mientras son atendidos por la caridad y la benevolencia (ver la caridad: ¿una amenaza?). La compasión, la pena, la lástima... es similar al desprecio. Así no sólo se añade sufrimiento a la víctima, sino que tácita o explícitamente se le hace responsable de su desempleo, exclusión, precariedad o pobreza...

La política se ha olvidado de las personas... lo podemos ver en muchas de las políticas sectoriales. En síntesis se recogen los datos más relevantes de las políticas laborales, de familia, de igualdad, de vivienda, educativa y de servicios sociales y las fuentes de los datos utilizados y otras referencias de interés.


  • La política laboral: Población activa y tasa de actividad en retroceso. 1,793 millones de familias con todos sus miembros en paro. Inestabilidad laboral (temporalidad y empleo a tiempo parcial). Salarios a la baja, especialmente los más modestos. Incremento número trabajadores pobres (12,5% Ver informe EAPN pág 13) Salario mínimo prácticamente estancado desde el 2009 (desde entonces sólo ha crecido en 24.6€/mes). La tasa de paro en menores de 25 años del 55%. Sólo el 30% de los parados tienen prestación. 

  • La política de familia: En los últimos 5 años, las familias han visto reducir sus ingresos un 12% y el umbral de riesgo de pobreza se ha reducido en un 9%. Pese a la reducción del umbral, el número de familias en situación o riesgo de pobreza se eleva al 22,2%. Los menores de 16 años pertenecientes a familias en situación o riesgo de pobreza es del 29,6%. El 42% de familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos. El gasto social en España, siendo elevado, beneficia más a los más ricos (Informe OCDE pág.5), entre otras razones porque el grueso se dedica a pensiones, sanidad y desempleo (Informe FOESSA Doc. 3.8 página 7). No hay política de  familia y, en consecuencia, los menores y sus familias son abandonadas a su suerte. 
  • La política de igualdad: Aunque la desigualdad aumenta en todo el mundo (ver informe Iguales de OXFAM) en España esta cuestión está mostrando realidades escandalosas. El 1% de la población española posee el 27% de la riqueza y el 30% de la población el 2,3% (ver la imagen de la desigualdad en España). España siempre ha sido un país con un reparto de la riqueza muy desigual (FOESSA cap. 2. pág 136) donde las políticas redistributivas tienen un efecto escaso. España es el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad. 
  • La política de vivienda: La desaparición de las políticas de vivienda en los años del boom inmobiliario explica en buena medida la situación actual de la tenencia y acceso a la vivienda habitual. Hoy se mantiene muy elevado el saldo vivo de crédito que tienen las familias por las hipotecas firmadas en el periodo del "boom". Aquellas que han visto reducir sus ingresos de manera drástica por efectos del desempleo han caído en situaciones de morosidad y desahucio (quiebra económica familiar). Además, los bajos salarios y la inestabilidad (precariedad) de los empleos hace muy difícil y arriesgado el acceso a la vivienda, incluso por la vía del alquiler. En pocos asuntos como en este, se pueden observar con tanta claridad los efectos de dejar exclusivamente en manos del mercado un tema tan delicado como éste.
  • La política educativa: El abandono educativo temprano (población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria) asciende al 23,6% , el doble que la media de la UE-28 (12%). La población de 20 a 29 años que ha completado la Educación Secundaria en España es del 63.8%, 17,2 puntos menos que la media de la UE-28. Estos malos resultados contrastan con las cifras de inversión en educación que en España es del 4.82% del PIB, similar a la media de la UE-28 que se eleva al 5.25. Nadie duda de que la educación es una estrategia de movilidad social, pues bien no parece funcionar del todo en España, porque el factor de más peso para el abandono escolar es la clase social del alumno (ver informe La Caixa pág. 71 y ss.) 
  • La política de servicios sociales: En los últimos años se ha recortado el gasto en servicios sociales y se han reducido los servicios y prestaciones ofertadas. Las diferencias entre comunidades autónomas se amplían y no se desarrollan las nuevas leyes de servicios sociales. Desde el año 2011 al 2013, los perores años de la crisis, se ha reducido la inversion en servicios sociales en 0,19 puntos, pasando del 1,60 al 1,41 del PIB (Ver último índice DEC).