La caridad ¿una amenaza?

He dudado mucho si el título de esta entrada es el correcto. No quisiera que nadie se ofendiera por ello. Soy un ferviente admirador de muchas personas que trabajan muy duro y con gran ilusión en ayudar a otros a resolver sus problemas movidos exclusivamente por el altruismo, la benevolencia o la caridad. La admiración y reconocimiento a esas personas no me impiden ver en la caridad una amenaza cierta. 
Cruz Roja, Cáritas, el Banco de Alimentos y otras muchas organizaciones y movimientos sociales están desarrollando una muy considerable labor en la tarea de atender a necesidades perentorias (alimento, vestido, cobijo...). La dimensión que su actividad está adquiriendo en España es muy destacada. La centralidad que este tipo de acciones está ocupando en los medios de comunicación es muy relevante. El uso creciente que algunas empresas están haciendo de la sensibilidad social hacia este tipo de asuntos (maratones de solidaridad, campañas de recogida de juguetes y alimentos...) resulta inquietante. Y todo ello ocurre a la vez que el sistema de protección social se debilita. Los servicios sociales no solo no se refuerzan, que sería lo esperable dadas las circunstancias, sino que se debilitan. Se endurecen el acceso a las rentas básicas. Se suspenden programas de lucha contra la pobreza, marginación, exclusión...
Cuando surgen los servicios sociales (hace ya muchos años) se oficializa un discurso en el que se subrayaba el paso de una protección social basada en la beneficiencia - caridad a otra basada en los derechos sociales. Estos últimos parten de la idea de que todos debemos poder acceder a unos bienes básicos que nos garanticen el ejercicio de la libertad. Porque todos somos iguales es justo que todos podamos ser libres. Ello se convierte, por tanto, en un acto de justicia y no de benevolencia. Cuestión de creerse la igualdad.
Por otra parte, los derechos sociales, a diferencia de los civiles o políticos, son derechos prestación. Es decir, a través de la solidaridad comunitaria (representada por el Estado) se produce una redistribución de bienes. Los que tienen aportan al Estado y éste garantiza a todos unos bienes como son el acceso a la educación, sanidad, vivienda, renta, cuidados, apoyos en la adversidad... Así se transforma una atención generadora de humillación, estigmatización, que afrenta a la dignidad de la persona... por otra basada en el derecho, la justicia y la solidaridad gestionada por los poderes públicos.
Los datos apuntan a que los ricos cada vez son más ricos y pagan menos impuestos. Los precios del transporte de cercanías sube y los precios del AVE, bajan. La caridad sube y los servicios sociales bajan.
La desigualdad crece y se fortalece y los mecanismos que la limitan se debilitan. La amenaza se confirma cuando se hace a las organizaciones filantrópicas responsables de satisfacer las necesidades básicas de la población.

Pawla Kuczynskiego


La causa: la desigualdad

Recientemente han aparecido dos informes que no ayudan al optimismo. El más reciente, el de la prestigiosa organización Intermon Oxfam, titulado CRISIS, DESIGUALDAD Y POBREZA. El segundo está elaborado por "El Comité por la anulación de la deuda en el tercer mundo" (CADTM) y se titula  LAS CIFRAS DE LA DEUDA 2012. Se trata de dos informes que apuntan en la misma dirección y aportan cifras y realidades muy inquietantes. Se denuncia que la deuda de los países (pública y privada) supone un peso insoportable que limita, cuando no anula, el progreso y supone un factor determinante del aumento de la pobreza y desigualdad. Deuda privada y pública. Una gran mayoría de la población financia a una minoría. La explotación ya no está sólo -ni principalmente- en el sistema productivo, si no que se extiende e intensifica en el financiero. La deuda y sus intereses hace que los países pobres financien a los ricos y los pobres de los países ricos financien a los mismos ricos. Deuda, por otro lado, que en buena medida cabe dudar de su legitimidad. Así, se llega a niveles de desigualdad antes desconocidos, donde  (en el año 2011) el 1% de la población mundial poseía la misma riqueza que el 56% más pobre (informe de Intermón Oxfam, página 8). La transferencias de capital de los países pobres a los ricos entre los años 1985 y 2010 supone 5.3 veces el famoso Plan Marshall  (en capacidad adquisitiva constante CADTM, pág 10).
Desde los años 80, la asfixia que ha supuesto para un número importante de países la carga de la deuda ha provocado un incremento directo de la pobreza y la desigualdad y con ello un obstáculo insalvable para el crecimiento y progreso. Este fenómeno ahora lo estamos padeciendo en algunos países europeos, entre ellos en España (¡bien lo sabemos!). Los intereses de la deuda (38.5 mil millones €) supondrán cerca de 1/3  del presupuesto del Estado (134.4 mil millones -excluyendo CC.AA.-). Durante la época de crecimiento económico nuestro país se hizo más rico, sí, pero no más equitativo ni más social (ver entrada). La desigualdad, además de injusta, es un freno al progreso (echemos la vista a lo que ha sucedido estos últimos 30 años en los países empobrecidos), pero resulta un efecto directo del actual sistema económico. Ambos informes son claros sobre este asunto: hasta que las autoridades (en los que confiamos la gestión de nuestra soberanía) no pongan límite a la economía especulativa, a la opacidad fiscal de las grandes fortunas alojadas en paraísos fiscales, a la inequidad del sistema... la desigualdad seguirá creciendo y con ella la pobreza y la miseria. 
Recomiendo la lectura de los dos informes aunque con la advertencia de que su lectura puede provocar cambios en el estado de ánimo.



Los derechos de las personas con discapacidad

Son nuestros derechos. Los derechos de todos. Estos también están en retroceso. Supongo que el desarrollo de una civilización puede medirse por cómo trata a las personas con discapacidad. Pues bien, estamos retrocediendo. En esto también. 
El domingo día 2 de diciembre salieron a la calle decenas de miles de personas demandando la garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento de las responsabilidades de financiación. Fueron convocados por el Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) ante la situación de recortes e impagos que sufren las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social que prestan buena parte de los servicios sociales a esta población y que están poniendo en peligro logros sociales que han tardado muchos años en consolidarse.
Es preciso recordar que la atención a las personas con discapacidad supone extender a estas personas la garantía de los derechos humanos en su sentido más amplio (derechos civiles, políticos, sociales...) y, más concretamente, asegurar el logro de tres objetivos: una protección social suficiente; la promoción de la activación (empleo y formación) y el acceso normalizado y adaptado a los servicios educativos, sanitarios y sociales.
En el reciente estudio dirigido por el profesor Gregorio Rodríguez Cabrero titulado: El sector de la discapacidad: realidad, necesidades y retos futuros (Análisis de la situación de la población con discapacidad y de las entidades del movimiento asociativo y aproximación a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020) se denuncia cómo la crisis económica está suponiendo la retirada del Estado en la protección y atención a estas personas y la asfixia de la sociedad civil representada por el Tercer Sector de Acción Social. Ello supondrá que el llamado mercado se encontrará con un espacio más libre para su negocio... en este caso el de las personas con discapacidad.
Es preciso recordar la existencia de una Estrategia Española sobre discapacidad 2012-2020 y una Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras, además de un conjunto de normas que da gusto leerlas... y poco más.