El momento de los servicios sociales básicos


Ante una situación imprevista, solo cabe la reacción. Normal. Pasados unos meses desde el inicio de la pandemia, puede ser buen momento para plantear cómo queremos/debemos prepararnos para abordar, las más que probables, próximas crisis. Debemos pensar cómo queremos y debemos abordar los nuevos escenarios que se avecinan y, de paso mejorar nuestra capacidad de respuesta ante posibles nuevas crisis. Todo apunta a que más tarde o temprano, nos vamos a tener que enfrentar a nuevas, o no tan nuevas, crisis (sanitaria, económica, laboral, demográfica, medioambiental…). Ante este escenario se hace imprescindible el ejercicio de la planificación. Toca pensar, planificar. No hay excusa.

Tras comprobar los efectos de la pandemia en la salud de las personas, nadie pone en duda que se debe reforzar el sistema sanitario y, dentro de éste, la red de atención primaria: los equipos de los Centros de Salud. Son muchas las razones que se utilizan para justificar el reforzamiento de la atención primaria de salud. Destaco las siguientes: su dimensión comunitaria, su acción preventiva y promocional, ser la puerta de acceso al sistema, el conocimiento y fácil acceso y contacto directo con las personas que mantiene el equipo del centro de salud, etc.

A estas alturas, tampoco nadie duda de los efectos sociales de la pandemia. Efectos que, muy probablemente, tarden mucho en desaparecer (si es que algún día lo hacen). Cuando se habla de efectos sociales, de inmediato nos imaginamos consecuencias en el ámbito del empleo y su repercusión en la economía familiar. Es muy de agradecer los esfuerzos de todos los implicados, especialmente gobiernos, sindicatos y patronal, en acordar medidas que faciliten la vuelta al empleo cuando sea posible, y se garanticen los ingresos mientras los salarios no llegan por interrupción-finalización de la actividad laboral. También es una buena noticia que el Gobierno de España haya diseñado un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que garantice unos mínimos ingresos que eviten que un número importante de personas y familias vivan en situación de pobreza severa sin poder acceder a bienes esenciales. Esperemos que esta medida sirva para completar las políticas de lucha contra la pobreza de las comunidades autónomas que tan ineficaces se han mostrado al no haber conseguido acabar con la pobreza severa en España. Recordemos que este tipo de pobreza afecta a más de 3 millones de personas. Nuestro país tiene el triste honor de tener una tasa de pobreza severa de las más altas en Europa, solo superada por Rumanía.

Pero sería un grave error reducir los efectos sociales de las crisis a los originados por el mercado laboral y sus consecuencias sobre la economía familiar. Limitar los problemas sociales a problemas de renta (pobreza), sería una enorme simplificación que impide observar las distintas dimensiones del asunto. Las personas somos animales sociales y nuestra calidad de vida depende, en buena medida, de las relaciones que mantengamos con nuestro entorno social. No solo necesitamos dinero. Esta pandemia lo ha puesto claramente de manifiesto. Hay muchas personas y familias que, sin padecer apuros económicos, sufren problemas de integración, de incorporación a una vida social plena y gratificante. El aislamiento, la soledad, la brecha tecnológica, la inseguridad, el abandono, la dependencia, la enfermedad mental, la discapacidad… son algunas de las muchas circunstancias que amenazan la calidad de vida de las personas en tanto suponen un grave riesgo de deterioro y/o pérdida de sus relaciones sociales. Estas situaciones exigen reforzar las atenciones personales, profesionales e individualizadas que ofrecen los profesionales de los servicios sociales básicos. Conocer a las personas en situación de riesgo, hacer un seguimiento de su situación, proveer de atenciones y cuidados en el propio domicilio, activar los recursos comunitarios (vecindad y voluntariado), facilitar la participación en la vida comunitaria, ayudar en los procesos de inserción social… son algunas de las funciones que tienen encomendadas los servicios sociales básicos, lo que en Castilla y León llamamos CEAS. Invito al lector a revisar las interesantes tareas que tienen encargadas este nivel de atención social en los catálogos o carteras de servicios sociales de las distintas comunidades autónomas (incluida la nuestra) o las recomendaciones que, al respecto, hacen otros organismos nacionales o internacionales. Pero estos servicios en España en general y en nuestra Comunidad en particular, padecen en muchos casos dos males que los hacen ineficientes a la hora de atender debidamente a las múltiples funciones y tareas encomendadas: la escasa dotación de profesionales y la excesiva carga que supone la gestión de prestaciones sociales (dependencia, renta garantizada, ayudas de emergencia, ayudas finalistas…). Resulta urgente revisar la dotación de profesionales y descargar de tareas de gestión a este nivel de atención social.

Estar mejor preparados para afrontar la crisis social que se avecina y las crisis futuras, sean del tipo que sean, pasa por reforzar los servicios públicos de carácter comunitario: sanitarios y sociales. Sin olvidarse de que ambos tipos de atención deberían trabajar de manera coordinada e integrada.   

Nota: Entrada publicada en los "Cuadernos para la reconstrucción económica y social" nº. 3 de 25 de mayo de 2020. Consejo Económico y Social de Castilla y León.                                  

Sobre el servicio de la asistencia personal

Durante el año 2015, un equipo del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid, formado por los compañeros Juan María Prieto, José Luis Izquieta, Rafael de la Puente y un servidor, coordinado por el primero, tuvimos la oportunidad de participar en la sistematización y análisis de un proyecto piloto denominado Servicio de Asistente Personal con personas con diversidad funcional intelectual y/o enfermedad mental grave. Era un proyecto impulsado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en colaboración con el CERMI-Castilla y León y realizado a lo largo de tres años por seis de las principales entidades del Tercer Sector de Acción Social que trabajan con personas con diversidad funcional intelectual y/o enfermedad mental en la región.

Resultado de ese trabajo fueron dos publicaciones:
En diciembre de 2019, la REVISTA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD publicó en su número 2 (VOL.7) el artículo: Asistencia personal y discapacidad intelectual: un servicio para la inclusión social (acceso al capítulo)
En julio de 2019, publicó la Fundación INTRAS un capítulo titulado "La asistencia personal para personas con discapacidad y enfermedad mental grave en Castilla y León" (acceso al capítuloen el libro:
Orihuela Villameriel, T.; Cantero López, L.; López Fraguas, A. (Comps.): La Asistencia Personal en salud mental. Edintras. Valladolid. España. (acceso al libro completo)
Como conclusiones e ideas para la reflexión, se pueden destacar las siguientes:

1. El Servicio de asistente personal (SAP) supone un cambio de paradigma en la manera de prestar los apoyos a las personas con discapacidad o con enfermedad mental: se trata de la planificación dirigida por la persona.
2. La flexibilidad del SAP es uno de sus elementos más significativos e identitarios: se adapta a las necesidades, potencialidades y características del usuario, quien se convierte en el planificador del servicio, haciéndole protagonista de su vida.
3. El servicio responde a las carencias y demandas más importantes de las personas en función de su ciclo vital y proyecto de vida: inclusión comunitaria, acompañamiento fuera del hogar, apoyo escolar, apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, etc.; se atiende de forma diferente a la diversidad personal según distintos momentos, espacios y contextos.
4. El servicio se conforma como el mejor instrumento para mantener el vínculo de la persona con su entorno y la permanencia y continuidad en su domicilio, facilita un modelo de vida muy diferente al residencial contribuyendo a mejorar significativamente su calidad de vida, autonomía, independencia y autodeterminación. 
6. Un elemento clave del SAP es su contribución a la autonomía del receptor del servicio en la toma de decisiones, a pesar de que ésta puede llegar a ser desconcertante y producir cierta inseguridad en sus familias.
7. La prestación del servicio de una manera idónea requiere ciertas características por parte de las entidades: un armazón ético; un saber hacer específico y especializado; una concepción de la asistencia personal como un servicio en sí mismo; y la concepción del servicio como un trabajo en equipo que conlleve una supervisión continua.
8. No existe un tipo único de asistente personal, sino que coexisten diversas modalidades de asistencia personal que requieren diferentes perfiles profesionales. 
9. El perfil ideal del asistente personal se define por un conjunto de elementos: los conocimientos, las habilidades personales, las competencias hacia la autonomía, las destrezas técnicas, la experiencia práctica, la confianza, la dimensión ética del profesional, etc. Su formación, aunque aún es inespecífica y muy heterogénea, debería basarse en dos aspectos cardinales: conocimientos teóricos, éticos y metodológicos sobre vida independiente; experiencia práctica previa al ejercicio profesional.
10. Las personas que utilizan este servicio prefieren contar con una entidad gestora frente a la opción de contratación directa. La vía de la contratación directa no resuelve bien algunos problemas de adaptación, sintonía y conexión del asistente personal con el usuario, además de riesgos potenciales relacionados con su suplencia o sustitución en casos de enfermedad o vacaciones. 
Por otro lado, el proyecto piloto aportó al equipo de investigación y sistematización un interesante bagaje experiencial que resulta muy rico tanto por los diferentes asuntos explorados como por la diversidad de perspectivas y enfoques desde los que se ha producido esa exploración. De esta riqueza se pueden extraer diversas líneas de reflexión y/o acción:  
  • Considerar la asistencia personal como un servicio en sí mismo. Esta concepción permite configurar una intervención integral y multidisciplinar de una manera mucho más comprensiva, extensiva e intensiva que la relación directa asistente personal – usuario. Un servicio posibilita: a). Atender cuestiones logísticas de indudable impacto personal para el usuario y para el profesional (por ejemplo, bajas, sustituciones, vacaciones, gestión de horarios); b). Ofrecer una atención compleja y exigente acorde con las potencialidades y limitaciones de las personas destinatarias; c). Adaptar el perfil del asistente personal y la naturaleza de su atención a la evolución vital del usuario, evitando posibles dificultades de inadecuación.
  • Evidenciar y subrayar la proyección individual, social y cultural del SAP. a). Alcance individual: favorece el bienestar personal, produce una mejora emocional y conductual, fomenta un sentimiento de autoconfianza, contribuye a romper el aislamiento de las personas con enfermedad mental y diversidad funcional intelectual. b) Proyección social a dos niveles: de un lado (y especialmente), en la persona, puesto que contribuye de manera significativa a hacer efectiva su participación comunitaria y, en muchos casos, al mantenimiento en su medio habitual; de otro, en el entorno social por la vía de la sensibilización colectiva, el trabajo en red, la articulación de servicios sociosanitarios, etc. c) Impacto cultural: tiene presente sus derechos, impulsa los valores de la igualdad y la integración social, contribuye al cambio de las representaciones sociales sobre la discapacidad, favorece la superación de prejuicios y estereotipos. 
  • Reflexionar sobre la conveniencia de identificar diferentes perfiles profesionales de acuerdo con los diferentes niveles de exigencia de las tareas a realizar por los/las asistentes personales (desde aquellas que resultan muy exigentes a las que son significativamente menos rigurosas). Esta identificación facilitaría el establecimiento de diferentes niveles de responsabilidad, diversas modalidades de contratación, variables sistemas de formación, procesos de selección adaptados y, de manera más significativa, la incorporación de las propias personas con discapacidad o con enfermedad mental como asistentes personales.
  • Posicionar el trabajo en equipo y la coordinación entre servicios como elementos clave en la configuración, implementación y seguimiento del SAP. La colaboración de diferentes profesionales y la coordinación de servicios sociales, educativos, sanitarios, de ocio, etc. se vislumbran como un camino adecuado para la gestión de apoyos de manera idónea en orden a hacer efectivo el objetivo último del servicio: la realización de un proyecto de vida independiente.
  • Definir procesos formativos de los/las asistentes personales combinando la formación teórica (en conocimientos, habilidades y, sobre todo, valores y principios de la vida independiente) con formación práctica y, especialmente, con la formación ad hoc, es decir, en función de los servicios requeridos por las personas a las que atiende. 
  • Garantizar unas adecuadas condiciones laborales de los/las asistentes personales de manera que el ejercicio profesional se reconozca en su complejidad, dedicación y exigencia y, al mismo tiempo, gane en atractivo como oportunidad de empleo. Esta mejora pasa por la revisión de las tablas salariales, los niveles y modalidades de contratación, el proceso de formación y selección de los asistentes, etc. y el cuidado en el encaje del profesional en el marco de la entidad.
  • Diseñar, implementar y reforzar líneas de difusión del SAP para dar a conocer las características y potencialidades del servicio y romper las múltiples barreras que tienen su origen en el desconocimiento de su naturaleza. Esta difusión ha de hacerse a diferentes niveles: primero, entre las familias, desconocedoras del servicio y/o de las oportunidades que éste ofrece; segundo, entre las entidades vinculadas a la atención a la diversidad funcional y a la enfermedad mental; tercero, entre los/las profesionales de los servicios sociales básicos, encargados de la información, orientación y, en su caso, derivación de familias y usuarios a entidades que gestionan el servicio.
  • Cuidar los procesos de seguimiento y evaluación de la puesta en marcha e implementación del SAP. Estas tareas exigen la definición de una sistemática de evaluación, la identificación de un proceso operativo accesible para las propias entidades, la construcción de herramientas de seguimiento de la calidad y la satisfacción, el diseño de protocolos que señalen con claridad pasos, técnicas y responsables, etc., todo ello con la finalidad última de resultar útil en la mejora continuada en la calidad del servicio.
  • Crear espacios de encuentro, cauces de comunicación, vías de intercambio y reflexión entre los diferentes actores implicados en el SAP con la pretensión de conocerse, tender puentes, dialogar y colaborar para promover la mejora del servicio. 
Cada una de estas ideas implica importantes desafíos que interpelan a múltiples agentes (públicos y privados) y a una gran diversidad de interlocutores. De cómo se afronten dependerá que las personas con discapacidad o con enfermedad mental puedan disfrutar de este tan eficaz y prometedor servicio para lograr una verdadera vida autónoma y con sentido.


Más allá del problema de las pensiones.


Asistimos desde hace unos meses a un intenso debate sobre las pensiones. Las movilizaciones de los pensionistas han propiciado que el asunto se sitúe en un lugar preferente en la agenda mediática y política. Ya era hora. Espero y confío que de la mano de las pensiones lleguemos a empezar a discutir con seriedad cómo se va a abordar la atención a las personas mayores más allá de la garantía de ingresos. Entiendo que es un debate que debería estar protagonizado por las propias personas mayores.
Nadie duda de que las pensiones se erigen como una de las medidas de política social de mayor impacto. En referencia a datos demográficos y económicos de 2017, el importe anual destinado a abonar las pensiones contributivas de la Seguridad Social asciende a 124.347 millones de euros, lo que representa el 10,69% del PIB. En España hay un pensionista (20,7% de la población) por cada cinco habitantes y en regiones como la mía, Castilla y León, la cifra se eleva a uno por cada cuatro (25,2%). En el debate sobre las pensiones se utilizan argumentos de todo tipo para defender un modelo público de pensiones o para todo lo contrario. Conviene recordar en ese debate que, aún siendo muy importante la inversión en protección social en España, aún no se alcanza la media de los países de la Unión Europea (UE). Según la oficina estadística de la UE (Eurostat), el dinero dedicado a la protección social en España representa el 16,8 % del PIB, 2,3 puntos menos que la media de la UE que alcanza el 19,1 y 3,2 menos que la Zona Euro que se eleva al 20%. Aún hay margen (si se quiere). Este diferencial se aprecia también en la inversión en otras importantes políticas de garantía de derechos sociales como el de sanidad (7,1 % del PIB de la EU y el 6% del PIB de España) o el de educación (4,7% del PIB en la UE y el 4% del PIB en España). En sanidad y educación también hay margen (si se quiere).
También conviene recordar que, como ocurre habitualmente, las cifras de inversión social no se reparten homogéneamente entre los beneficiarios. Así, según datos de la Seguridad Social (eSTADISS) referidos al año 2017, el 50,4% de los pensionistas tienen una pensión inferior al Salario Mínimo Interprofesional y el 68,5% tienen una pensión inferior a 1000€. Estas cifras ponen de relieve las diferencias entre beneficiarios y que el grueso del gasto no se reparte igual entre pensionistas. Así, podría afirmarse que, aproximadamente, la mitad de los pensionistas que menos perciben sólo acumulan el 25% de la inversión. A todas luces, hay un problema de desigualdad en la distribución, reflejo probablemente de la desigualdad  existente y creciente de los ingresos por rentas del trabajo. Al estar basadas las pensiones de la seguridad social en un sistema de reparto proporcional al importe de las cotizaciones realizadas, los que cobraban menos como trabajadores cobrarán menos como pensionistas y a la inversa. Resulta difícil pensar en un sistema de solidaridad basado en desigualdades poco solidarias.
La dinámica demográfica nos pone frente a un reto de enorme magnitud y gravedad, más allá del tema de las pensiones: cómo vamos a atender adecuadamente a nuestros mayores. Progresivamente las personas mayores son más, viven más y presentan más y más diversas necesidades de atenciones y cuidados de todo tipo. En este reto las personas mayores se tienen que implicar. Los servicios sociales en general y el Trabajo Social en particular deberían contribuir a ello.
No hay duda de que el debate sobre cómo mantener y mejorar las pensiones y la asistencia sanitaria y farmacéutica es uno de los más importantes, entre otras cosas, porque concentran el grueso de la inversión en la protección a las personas mayores. Pero creo que también se debería abordar otros retos que tienen planteados las políticas sociales en relación con las personas mayores. Aquí voy a plantear tres, de mucha menor exigencia presupuestaria pero, desde mi punto de vista, muy importantes para la calidad de vida de estas personas.
El primero de ellos es la debilidad de las políticas de atención social a las personas mayores en situación de dependencia. Basta con leer (ver aquí) el último informe del Observatorio de la Dependencia que realiza y publica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para comprobar cómo el Estado se va desvinculando con el Sistema de Atención a la Dependencia, dejando a las comunidades autónomas la mayor responsabilidad en la prevención y promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia y generando importantes desigualdades en función de la sensibilidad y capacidad económica de las distintas comunidades autónomas. Esta debilidad mantiene, cuando no acrecienta, la precariedad y sobrecarga del apoyo informal en la atención a las personas mayores. En demasiadas ocasiones, los apoyos informales, especialmente de naturaleza familiar, son los únicos de los que disponen los mayores dependientes. Ello provoca que muchas personas mayores dependientes se puedan ver en una situación de semi abandono o de total abandono, con todo lo que ello significa. Sin olvidar la feminización de las tareas de apoyo informal que alimenta la brecha de género. Apostar por un sistema de atención a la dependencia de calidad, robusto y universal es, además de un ejercicio de responsabilidad, una manera de promover una economía, la de los cuidados, con gran potencial para la generación de riqueza (sostenible) y empleo (de calidad).
El segundo reto tiene que ver con la superación de los tradicionales modos de atención a las personas mayores caracterizados por ofrecer cuidados limitados, parciales y fragmentados. Los distintos niveles y dispositivos de salud y atención social trabajan frecuentemente de manera descoordinada ofreciendo respuestas estándar a situaciones personales y familiares muy diferentes. Es preciso incorporar modelos de atención que ofrezcan respuestas individualizadas, flexibles, integrales e integradas a las necesidades de apoyo a las personas mayores. Entiendo que deben ser respuestas que refuercen el vínculo comunitario y atiendan a las distintas dimensiones de la calidad de vida de los mayores.
El último reto tiene que ver con la necesidad de aumentar la presencia y participación social y política de los mayores. Las personas mayores deben ser consideradas más allá de un grupo de población pasiva a la que hay que atender y sobre el que invertir buena parte de los recursos destinados a las políticas sociales. La esperanza de vida está facilitando la convivencia de hasta cuatro generaciones en las que se produce flujos muy interesantes de ayuda bidireccional. Ello debe estimular el salto de los mayores a la esfera pública y a la acción política en sentido amplio.
Confío en que la influencia y presencia de las personas mayores vaya avanzando y consigan situar sus opiniones, valores, preocupaciones... en el ámbito mediático, político, comunitario... Son muchos y poseen esa sensatez que dan los años vividos. Pero para ello hay que ir más allá del tema de las pensiones.



La década "horrorosa" (2006 - 2016) para la cohesión social en España

Acabo de leer la memoria de Cáritas Española de los últimos 10 años (VER): 2006 a 2016. En ella se hace un resumen del deterioro de las condiciones de vida para una parte muy importante de los ciudadanos. En base a datos procedentes de las Encuestas sobre Condiciones de Vida (INE) y de los Informes FOESSA se va apuntando cómo se ha ido deteriorando la situación para muchas personas, demasiadas. Esta Memoria tiene el mérito de acompañar los datos de coyuntura y dinámica social con la respuesta que ha venido dando una entidad tan reconocida como Cáritas. Echo mucho de menos algo parecido del gobierno español, del gobierno de mi comunidad autónoma y de mi ayuntamiento. Así, lanzo tres preguntas:
  • ¿Qué han hecho (están haciendo) los distintos gobiernos para atender y ayudar a los perdedores (de siempre) y a los nuevos?
  • ¿Qué estrategia se está implementando para revertir esta dinámica de degradación de las condiciones de vida de muchas (cada vez más) personas?
  • ¿Qué respuestas, más allá de las paliativas-asistenciales, está dando el Trabajo Social ante esos hechos?
La Memoria recoge datos ya conocidos, pero no por ello dejan de impresionar (por lo menos a mí). Destaco algunos: 

Desigualdad:
  • Durante los años 2009 a 2014 el 20% de la población más rica ha perdido el 9% de su renta. El 20% más pobre ha perdido el 19%. 
  • La desigualdad medida por el índice GINI ha subido del 32,4 (2008) al 34,5 (2016)
  • Actualmente, el 10% de la población más rica acumula el 25% de la riqueza, el 10% más pobre acumula el 2%
  • El indicador 80/20 ha pasado del 5.6 (2008) al 6.6 (2016)
Pobreza y exclusión:
  • La tasa de pobreza ha pasado del 19.8% en 2008 al 22.3 % 2016
  • En 2008 el 11,7 % de las personas en situación de pobreza tenían empleo, en 2016 la tasa de trabajadores pobres ha subido al 14,1 %
  • En 2007 el 16% de las personas estaban en situación de exclusión (moderada o severa). En 2013 esta cifra se eleva al 25%.

                                                   Gráfico contenido en el informe

El deterioro de las condiciones de vida (pobreza y exclusión) junto con el incremento de la desigualdad da como resultado el retroceso de la cohesión social y con ella de la justicia social. 



¿Me ayudas o me controlas? Sobre la dificultad (imposibilidad) de compatibilizar la relación de ayuda con el control.

El pasado 19.20 y 21 de octubre se ha celebrado en Mérida el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo SocialAllí presenté una comunicación con ese título: ¿Me ayudas o me controlas? Sobre la dificultad (imposibilidad) de compatibilizar la relación de ayuda con el control. 

La comunicación pretende promover el debate sobre las estrategias y los roles que asumen las/os trabajadoras/es sociales, especialmente en atención social primaria, cuando se disponen a atender situaciones de pobreza y exclusión. 

En un formato un tanto provocador, intenté exponer algunas contradicciones. La primera, la que resulta de considerar el empleo como estrategia básica de intervención en materia de pobreza y exclusión, especialmente cuando paralelamente se gestionan ayudas económicas a las que se vincula con "una actitud activa" hacia el empleo. La segunda, que se haga coincidir en un mismo profesional los roles de ayuda (ante la situación de pobreza y exclusión) y de control. Es habitual pedir al profesional que establezca con las personas beneficiarias de las ayudas unos compromisos que el mismo profesional deberá comprobar (controlar) su cumplimiento y que vigile (controle) que se mantienen las condiciones que permitieron el acceso a las ayudas. 




No parece lógico que se encargue a la trabajadora/or social ayudar a las personas a mantener o recuperar sus condiciones de bienestar mediante la promoción y el apoyo psicosocial y, simultáneamente, se les encomiende que controlen si la persona a la que se pretende ayudar “quiere o no vivir del cuento” y hace todo lo posible por salir de su situación encontrando un trabajo, que en muchos casos no le garantizará ninguna salida. Parece razonable que para acceder a determinados beneficios sociales se solicite al aspirante que acredite, ante quien corresponda, que se está en una situación dentro de las establecidas para ser beneficiario; pero no parece tan lógico que se le exija probar que se hace todo lo posible por trabajar: buscar empleo, mejorar la cualificación, etc.  Los perceptores de ayudas económicas frecuentemente deben demostrar que mantienen determinada actitud o predisposición mediante la suscripción de una serie de compromisos (plan individualizado de inserción) que van más allá de ser un buen ciudadano conviviendo pacíficamente en su entorno social, quedando sometidos, en muchos casos, a la interpretación subjetiva de lo que el profesional conciba por “normalidad” e “integración”. 

En este sentido, cobra especial relevancia el artículo 7 del Código Deontológico de Trabajo Social, relativo a los principios generales de la profesión, especialmente los principios de respeto activo y autodeterminación. 

La comunicación concluye ofreciendo algunas alternativas y propuestas que permitan una adecuada atención a los usuarios y una eficaz respuesta al encargo de gestión justa y eficaz de prestaciones sociales.



Día Mundial del Trabajo Social

Los que nos dedicamos de una o otra forma al Trabajo Social debemos estar satisfechos de haber elegido una profesión tan extraordinaria y valiosa que tantas oportunidades nos ofrece para el progreso personal y profesional. 

Una profesión y disciplina que tiene a la justicia social como principio fundamental es, necesariamente, para tenerla en cuenta y estar orgulloso/a de trabajar en ella, 

La definición de la FITS/IFSW de Trabajo Social recoge el valor de nuestra profesión y disciplina:

"El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar". (WEB)

Entiendo que nuestro compromiso con la justicia social nos obliga a pensar, repensar y evaluar de forma crítica y continua cómo contribuimos a que estos principios se reconozcan y se hagan efectivos.

En Valladolid, el Día Mundial del Trabajo Social (martes 21) lo vamos a celebrar con el visionado de la película: Yo, Daniel Blake (WEB) y posterior debate. Para el jueves 23, se ha organizado una mesa redonda sobre los retos del Trabajo Social en las sociedades contemporáneas (WEBen la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa.


Para qué y para quién (quiénes) estamos trabajando

Las trabajadoras/es sociales desempeñan buena parte de su quehacer profesional en contacto directo con las personas destinatarias de sus servicios. Esto se hace a través de una relación profesional de ayuda. En esa relación se toman decisiones, la mayoría de las veces, de gran importancia y transcendencia para los usuarios-clientes. La pregunta es (son): ¿es el usuario el centro de la atención? ¿está todo supeditado a dar el mejor servicio al usuario-cliente? ¿nuestra ayuda supone una contribución efectiva a la mejora de las condiciones de libertad del usuario-cliente?

La metodología de la intervención social nos dice que toda intervención debe asentarse en un proceso de comunicación, de relación donde, con el usuario, se estudia, valora negocia y acuerda, el proceso de ayuda que se le va a facilitar para que el usuario-cliente consiga alcanzar los logros que se propone y/o superar las situaciones que le impiden el desarrollo de una vida digna. La/el trabajadora/or social será quien le ayude, con sus competencias técnicas y su capacidad (autoridad) de movilizar recursos sociales, personales... a alcanzar las metas que el usuario/cliente estime oportunas.

Hasta aquí, no hay problema. Pero sabemos, que ante una idéntica (hipotética) situación (objeto) distintos profesionales llevarán a cabo un proceso distinto de observación, valoración y propuesta de atención. Así ocurre siempre cuando la intervención es sobre un objeto-sujeto de naturaleza humana-social. Ante un mismo caso, distintos profesionales conducirán de distinta manera el estudio, llegarán a distintas representaciones de la situación, harán distintas valoraciones, establecerán diferentes modos de negociación y, en consecuencia llegarán a distintos acuerdos con los usuarios.

Esto ocurre porque estamos ante un proceso: 
  • que se ve influenciado por factores de distinta naturaleza (personales, culturales, organizativos...).
  • complejo (múltiples elementos relacionados).
  • con unos objetivos la mayoría de las veces abstractos y difusos.
  • con amplia presencia/proyección de valores (contenido axiológico).
  • de elevada incertidumbre sobre los efectos de las decisiones.
Ello no es ni bueno ni malo... está asociado a la naturaleza misma de los procesos de intervención social, y no resulta ajeno a otros procesos de intervención como es el caso de la intervención en materia de salud o educación. Pero, centrándonos en la intervención social, sería bueno preguntarse... ¿qué intereses representa el trabajador/a social? ¿qué efectos tienen sobre las personas a las que pretende ayudar las proyecciones personales, culturales, organizativas... que realiza el profesional?

Esto explica la importancia de las normas, de las reglas que deben atenderse en los procesos de intervención social. El Trabajo Social es considerada por muchos como una disciplina normativa. Si no atendemos a unas normas-reglas consensuadas por la comunidad científica-profesional, con las organizaciones de las que dependen nuestros servicios profesionales... estaremos deslizándonos por el terreno de la arbitrariedad y, seguramente, en esa desigual relación de fuerzas, en el terreno de la coacción, presión, imposición... del fuerte sobre el débil.



Vayamos a las normas de la intervención social. La primera y más importante de todas: la intervención social se orienta a ayudar, fomentar, facilitar, recuperar…las condiciones de bienestar, autonomía, calidad de vida, integración social… de las personas... en tanto que suponen las condiciones que posibilitan el disfrute del valor principal: la libertad. Sería bueno recordar que el Estado Social, los derechos sociales, se justifican, en buena medida, por la necesidad de ver satisfechas una serie de necesidades sociales como condición para el ejercicio de la libertad. Resultaría paradójico que determinados servicios profesionales concebidos para apoyar la libertad de las personas, se convirtieran precisamente en una rémora para esa libertad.

El art. 7 del Código Deontológico vigente establece como uno de los principios básicos, junto a los de dignidad e igualdad, el de la LIBERTAD,  derivándose de este principio básico otros generales como "el respeto activo a la persona [...] como centro de toda intervención profesional" y la "autodeterminación como expresión de la libertad de la persona y por tanto de la responsabilidad de sus acciones y decisiones".

La relación profesional de ayuda es una relación asimétrica, donde el poder de interinfluencia es infinitamente mayor del profesional sobre el sujeto que a la inversa. Hay que tener en cuenta que, muchas veces, los destinatarios de nuestros servicios no se encuentran en optimas condiciones para hacer valer y defender sus intereses y derechos, más aún, cuando las actitudes esperadas por los profesionales y la organización es de colaboración, sumisión, agradecimiento, confianza y aceptación de lo que se propone... Ello nos sitúa en un terreno propicio para que nuestra influencia pueda perjudicar y afectar negativamente a la libertad  que pretendemos apoyar (coacción, presión...).

Puesto que “la intervención social debe proporcionar la mejor atención posible a todos aquellos que soliciten su intervención” (art. 13 CD) debemos controlar nuestras proyecciones personales y organizativas (valores, creencias, prejuicios...) y actuar profesionalmente... mediante acciones orientadas a reducir la arbitrariedad y a mantener altos niveles de profesionalidad y rigor en la intervención. Considero que las siguientes estrategias pueden ayudar a ello:
  • Asegurar el acompañamiento y apoyo (que no estén solas/os) a las trabajadoras/es sociales en la gestión de casos (supervisión, trabajo en equipo, formación continuada…).
  • Incorporar, en la práctica diaria, la evaluación de la calidad de los procesos y la evaluación del impacto de las atenciones. 
  • Reforzar las garantías de los ciudadanos en su relación con los servicios sociales.
  • Apostar por modelos de intervención social basados en la evidencia (fundamentación científica) y por aquellos que defienden una intervención centrada en la persona.
  • Diseñar en equipo y con un claro respaldo institucional, protocolos de intervención relativos a los casos más frecuentes y más problemáticos a la hora de tomar decisiones.
  • Incorporar a los sujetos con los que trabajamos a los espacios de formación e investigación en materia de intervención social.
  • Estudiar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la intervención social, el papel de los distintos agentes y su impacto sobre las personas destinatarias de la intervención.
  • Evitar que coincida en un mismo profesional los roles de ayuda y de control, papel éste último que muchas veces los profesionales de la intervención se ven obligados a desempeñar
Nota: Esta entrada es una síntesis de la comunicación titulada "La toma de decisiones en la relación de ayuda: propuesta de un mapa de la diversidad y complejidad de los asuntos implicados" que el autor expuso en el II Congreso Internacional de Trabajo Social y XI Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social celebrado en la Universidad de la Rioja, en Logroño los días 20, 21 y 22 de abril de 2016.


Burda manipulación... no eran refugiados recién llegados.

En un contexto de enorme preocupación por "la crisis de los refugiados", por cómo gestionar social y políticamente la solicitud de asilo de cientos de miles de personas llegadas a las puertas de Europa huyendo de lugares como Siria, salta a los medios la noticia de una serie de robos y agresiones sexuales a mujeres por parte de "una multitud de hombres apostados en los alrededores de la estación central de Colonia". (Ver Huffington Post). De manera más o menos sutil se asoció lo ocurrido con los refugiados recién llegados y acogidos en Alemania. La policía informaba que en "en torno a un millar de hombres, que por su apariencia procedían de los países árabes o del norte de África, se congregaron en el lugar de los hechos...".

La reacción de la opinión pública no se hizo esperar: "Los alemanes cambian su percepción sobre los refugiados tras los ataques sexuales en Colonia"  (Ver en El Mundo). Una mecha perfecta para activar la explosiva asociación entre emigración-refugiados con violencia e inseguridad. La agencia Europa Press ofrecía la noticia que reprodujeron la mayoría de los medios de comunicación y que no dejaba lugar a dudas: "Alemania acelerará las deportaciones tras la ola de agresiones sexuales en Colonia. El rechazo social a los solicitantes de asilo ha crecido a raíz de los cientos de ataques sexuales registrados en Colonia el 31 de diciembre, de los que la Policía local ha acusado a la comunidad de inmigrantes del Norte de África". (Ver en Europa Press).

Nadie puede admitir sin más que un numeroso grupo de personas que con tantas dificultades han podido refugiarse en Alemania respondan a esa hospitalidad robando y violando a los que les dan cobijo. Todo apunta a que se trata de una burda manipulación. A juzgar por las informaciones periodísticas, los lamentables sucesos de Colonia representan con claridad un problema de seguridad (de actuación policial), de consumo excesivo de alcohol y drogas y de integración social. Es muy retorcido asociarlo con "los refugiados" como así se hizo. Hubiera sido una magnífica oportunidad para analizar esas concentraciones en torno al alcohol y las drogas... o las razones de esas explosiones de violencia protagonizadas por colectivos con dificultades de integración social. Pero una vez más, la oportunidad es aprovechada con claro oportunismo por quienes quieren establecer un estado de opinión favorable a sus tesis, sean éstas nobles o no.

El 15 de febrero la fiscalía alemana precisa que "solo tres de los 58 detenidos por las agresiones sexuales perpetradas en Colonia en Nochevieja eran refugiados de Siria o Irak y la mayoría eran norteafricanos, según ha revelado el fiscal de Colonia, Ulrich Bremer". El fiscal explicó además, que "ninguno de ellos estaba recién llegado a Alemania". El fiscal ha revelado igualmente "que de las 1.054 denuncias recibidas, 600 eran por robo y no por agresión sexual, a pesar de la polémica generada tras estos incidentes y las manifestaciones xenófobas posteriores" (Ver en Europa Press).

La Real Academia Española de la Lengua dice que MANIPULAR es "Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses particulares". La información de la policía alemana no era precisa, pero la reacción política distorsionó burdamente los hechos para relacionarlos con la crisis de los refugiados (drama humanitario), sin atender lo que realmente parecía representar el suceso: un problema de seguridad y/o de integración social.



El mito del extranjero violador

La soledad... ¿quién se ocupa de ella?

Se acaba de presentar un informe sobre ‘La Soledad en España’ patrocinado por Fundación AXA y Fundación ONCE (descargar). El informe recoge datos muy interesantes sobre las características y extensión de este problema social (nunca mejor dicho). Que cuatro millones de personas, según dice el informe, se hayan sentido solos con frecuencia en el último año supone una cifra muy importante a tener en cuenta (casi ocho de cada cien españoles). Pero lo que quisiera poner de relieve es la escasa atención que se presta a este importante problema. 

Son muchos los estudiosos de lo social que denuncian que el estilo de vida actual propicia que las personas se sientan cada vez más solas y, consecuentemente, vean deterioradas sus condiciones de bienestar y calidad de vida. Las personas somos animales sociales que crecemos y nos desarrollamos en contacto con los demás. La interacción humana es clave para dar sentido a nuestra existencia. Cuando las relaciones interpersonales son escasas, débiles, frías, mecánicas... cuando sentimos que no importamos a nadie... aparece ese sentimiento de soledad dolorosa, triste que a veces termina por desesperar y deprimir al que lo sufre.

¿Quién se ocupa de la soledad? Nuestro estilo de vida está dominado por el consumo individualista. La pauta dominante es satisfacer las necesidades personales a través del mercado que parece tener productos y servicios para todo. Pero el vínculo social, el sentido de pertenencia, saberse importante para los demás... no se compra en el supermercado. Aquí es donde creo que hay mucha labor por hacer por parte de los profesionales de la intervención social, especialmente por parte de los trabajadores y trabajadoras sociales. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) cuando define esta profesión señala que interviene en la interacción de las personas con su entorno, preocupándose recuperar, mantener y promocionar a las personas una interacción gratificante, estimulante, significativa...  También Fernando Fantova, cuando define la intervención social lo hace destacando ese papel de favorecedor de la interacción de las personas (ver Repensando la intervención social). 

Traigo aquí una parte del artículo de Dolors Colom titulado:  La soledad: entre el placer y la desesperación, el trabajador social

Los trabajadores sociales intervienen ante la soledad que supone pérdida, melancolía, aislamiento. Esa realidad objetiva que merma la vida y si nadie lo remedia, la va secando. Esa vivencia que impide a la persona manifestarse de manera autónoma e independiente. Ese estado de ánimo que la aboca al descuido personal y psíquico. Los profesionales del trabajo social conocen bien que de ahí, a la mala nutrición, a la falta de higiene, a la inmovilidad, al aislamiento, a la depresión, al incumplimiento terapéutico, a los errores de medicación y a la enfermedad, el recorrido es muy corto. A esta soledad desestabilizadora no se le puede dar la espalda y la sociedad debe disponer de instrumentos, como lo es el trabajo social, que permitan su detección y pronta intervención. 
Es preciso ofrecer ayuda, acercarse a esos cuatro millones de personas, ya sea desde los servicios sociales o desde la atención sociosanitaria, y facilitar la superación de la soledad no deseada... antes de que sea demasiado tarde. 


Informe y recomendaciones sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2014

El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha publicado, como viene haciendo desde hace muchos años, el informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León referido al año 2014. (ver noticia - nota de prensa). El informe consta de dos tomos. En el primero (tomo I) se recogen tres capítulos dedicados a  la economía, el mercado laboral y la calidad de vida y protección social. Todos ello de gran interés pero quisiera destacar el capítulo III dedicado a la calidad de vida y la protección social. En él se recogen varios apartados dedicados a la demografía, educación, sanidad, vivienda, medio ambiente, consumo, servicios sociales, prestaciones económicas de protección social y cooperación con países en vía de desarrollo. (ver capítulo - 10,4 MB). En el apartado dedicado a los servicios sociales (3.7 págs. 279 a 377)  se analizan con detalle aspectos tales como el presupuesto invertido, los servicios y prestaciones dispensadas según el catálogo de prestaciones en materia de servicios sociales de Castilla y León.

Considero el informe de gran interés para todos aquellos estudiosos, estudiantes y personas interesadas en conocer la situación económica y social de nuestra región con rigor y seriedad. Aquí se pueden encontrar los datos más relevantes que permiten valorar situaciones y tendencias en el ámbito económico y social.

El informe contiene unas conclusiones (ver) y unas recomendaciones (ver). También cuenta con una síntesis o Resumen Ejecutivo con recomendaciones

Por su interés, de ese resumen ejecutivo hemos recogido textualmente las recomendaciones referidas a los servicios sociales. Todas ellas de gran interés con el valor añadido que han sido consensuadas por representantes sindicales, empresariales y sociales en general. Ojalá sirvan para orientar las políticas en general y las políticas sociales en particular.


Recomendaciones contenidas en el resumen ejecutivo referidas a los servicios sociales:

  • El CES recomienda la MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA LEY QUE REGULA LA RGC (Renta Garantizada de Ciudadanía) PARA AMPLIAR LA COBERTURA A TODOS LOS CIUDADANOS DE CASTILLA Y LEÓN que se encuentren en situación de pobreza y exclusión. También, se debe simplificar los formularios de solicitud, modificar los procedimientos de gestión, acortando el plazo temporal para resolver y hacer efectiva la prestación, y en todo caso no superando el plazo de resolución establecido, y generando derecho desde el día siguiente a su solicitud, impulsando los cambios legislativos para garantizar el derecho a la prestación económica una vez superados los plazos establecidos, e incrementando el número de profesionales de atención. 
  • Recomienda DESARROLLAR, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN en aspectos como la elaboración y aprobación del Mapa de Servicios Sociales, que constituirá el instrumento de distribución organizada de los servicios sociales de Castilla y León, permitiendo con ello adecuar y optimizar los recursos. 
  • Recomienda que se continúe afianzando el SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA y que adquiera mayores y mejores niveles de cobertura, diversificando y ampliando la oferta de servicios, incrementando sustancialmente las intensidades de atención, especialmente en prestaciones como la ayuda a domicilio. 
  • Estima conveniente AVANZAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS Y PROFESIONALES QUE FORMEN PARTE DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN CASTILLA Y LEÓN, así como los mecanismos y órganos de control administrativo que velen por la excelencia, calidad y mejora continua de servicios y prestaciones. 
  • Considera necesario CONTINUAR DESARROLLANDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE PROGRAMAS QUE PERMITAN MANTENER ACTIVAS A LAS PERSONAS MAYORES, favoreciendo el mantenimiento de las capacidades físicas, intelectuales y cognitivas de las personas. 
  • Por otra parte, ES NECESARIO AVANZAR EN LOS OBJETIVOS DEFINIDOS EN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO para evitar precisamente que las mujeres se encuentren atrapadas en una permanente situación de discriminación y vulnerabilidad social. 
  • En el ámbito del Diálogo Social se han logrado actuaciones relacionadas con la igualdad de oportunidades en nuestra Comunidad, por lo que el CES recomienda IMPULSAR EL DIÁLOGO SOCIAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA LA INTRODUCCIÓN DE MEDIDAS TRANSVERSALES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA, que permitan impregnar de este objetivo al conjunto de acciones llevadas a cabo por el Gobierno, con el fin de avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
  • Respecto a la POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL, el CES recomienda PROMOVER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA HACER FRENTE A LA MISMAS, mejorando la colaboración en áreas como el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, de modo que las medidas que se pongan en marcha sean de carácter transversal y permitan luchar contra la exclusión social. 
  • Respecto a la RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS, el CES recomienda que se incrementen los esfuerzos para que se sigan desarrollando medidas y programas de carácter urgente, para dar respuesta, de forma ágil, a las necesidades de las personas más vulnerables. Además, el CES considera imprescindible que la Administración Autonómica proporcione, de forma transparente y periódica, datos concretos de los resultados de la gestión de las diferentes actuaciones llevadas a cabo a este respecto.
Así sea.

Las políticas se han olvidado de las personas

Es habitual distinguir entre distintos tipos de políticas según al ámbito específico al que se orienten. Así hablamos de política económica, energética, laboral, de vivienda, de infraestructuras, educativa... y también de política social. Ésta última se distingue del resto porque está más centrada que las demás en garantizar derechos sociales, es decir derechos prestación cuya finalidad es evitar que las personas se vean acuciadas por necesidades básicas que les impidan el desarrollo personal y el ejercicio de su libertad. Aunque distinguir entre diferentes tipos de políticas está muy extendido, no podemos olvidar que todas las políticas deben ser, en última instancia, sociales. Es decir, deben validarse como buenas o malas según su impacto en las personas, en la sociedad, desde el punto de vista de si contribuye a mantener o incrementar el desarrollo personal y la libertad de sus miembros. Esto podría ser de otra manera, pero los estados modernos se definen, como en el caso del Estado español, como estados sociales (ver más - Constitución española).

Toda esta introducción para enmarcar la crítica que sigue: la política en general y la política social en particular del Estado español y de gran parte de las Comunidades Autónomas ha fracasado... y está fracasando, porque se han olvidado de las personas... de sus necesidades y de su sufrimiento. Parece aceptado que la acción política no se valore por su impacto sobre la gente... si no por sus efectos en el crecimiento económico, por su alineamiento con los mercados o por su contribución a la competitividad exterior... Asistimos a un distanciamiento de la acción política de las preocupaciones de las personas, dejándolas a su suerte en un contexto muy difícil. Los pobres y excluidos (perdedores) parecen caídos inevitables (efectos colaterales) de una especie de batalla individual contra el destino y sólo les queda reponerse mientras son atendidos por la caridad y la benevolencia (ver la caridad: ¿una amenaza?). La compasión, la pena, la lástima... es similar al desprecio. Así no sólo se añade sufrimiento a la víctima, sino que tácita o explícitamente se le hace responsable de su desempleo, exclusión, precariedad o pobreza...

La política se ha olvidado de las personas... lo podemos ver en muchas de las políticas sectoriales. En síntesis se recogen los datos más relevantes de las políticas laborales, de familia, de igualdad, de vivienda, educativa y de servicios sociales y las fuentes de los datos utilizados y otras referencias de interés.


  • La política laboral: Población activa y tasa de actividad en retroceso. 1,793 millones de familias con todos sus miembros en paro. Inestabilidad laboral (temporalidad y empleo a tiempo parcial). Salarios a la baja, especialmente los más modestos. Incremento número trabajadores pobres (12,5% Ver informe EAPN pág 13) Salario mínimo prácticamente estancado desde el 2009 (desde entonces sólo ha crecido en 24.6€/mes). La tasa de paro en menores de 25 años del 55%. Sólo el 30% de los parados tienen prestación. 

  • La política de familia: En los últimos 5 años, las familias han visto reducir sus ingresos un 12% y el umbral de riesgo de pobreza se ha reducido en un 9%. Pese a la reducción del umbral, el número de familias en situación o riesgo de pobreza se eleva al 22,2%. Los menores de 16 años pertenecientes a familias en situación o riesgo de pobreza es del 29,6%. El 42% de familias no pueden hacer frente a gastos imprevistos. El gasto social en España, siendo elevado, beneficia más a los más ricos (Informe OCDE pág.5), entre otras razones porque el grueso se dedica a pensiones, sanidad y desempleo (Informe FOESSA Doc. 3.8 página 7). No hay política de  familia y, en consecuencia, los menores y sus familias son abandonadas a su suerte. 
  • La política de igualdad: Aunque la desigualdad aumenta en todo el mundo (ver informe Iguales de OXFAM) en España esta cuestión está mostrando realidades escandalosas. El 1% de la población española posee el 27% de la riqueza y el 30% de la población el 2,3% (ver la imagen de la desigualdad en España). España siempre ha sido un país con un reparto de la riqueza muy desigual (FOESSA cap. 2. pág 136) donde las políticas redistributivas tienen un efecto escaso. España es el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad. 
  • La política de vivienda: La desaparición de las políticas de vivienda en los años del boom inmobiliario explica en buena medida la situación actual de la tenencia y acceso a la vivienda habitual. Hoy se mantiene muy elevado el saldo vivo de crédito que tienen las familias por las hipotecas firmadas en el periodo del "boom". Aquellas que han visto reducir sus ingresos de manera drástica por efectos del desempleo han caído en situaciones de morosidad y desahucio (quiebra económica familiar). Además, los bajos salarios y la inestabilidad (precariedad) de los empleos hace muy difícil y arriesgado el acceso a la vivienda, incluso por la vía del alquiler. En pocos asuntos como en este, se pueden observar con tanta claridad los efectos de dejar exclusivamente en manos del mercado un tema tan delicado como éste.
  • La política educativa: El abandono educativo temprano (población de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria) asciende al 23,6% , el doble que la media de la UE-28 (12%). La población de 20 a 29 años que ha completado la Educación Secundaria en España es del 63.8%, 17,2 puntos menos que la media de la UE-28. Estos malos resultados contrastan con las cifras de inversión en educación que en España es del 4.82% del PIB, similar a la media de la UE-28 que se eleva al 5.25. Nadie duda de que la educación es una estrategia de movilidad social, pues bien no parece funcionar del todo en España, porque el factor de más peso para el abandono escolar es la clase social del alumno (ver informe La Caixa pág. 71 y ss.) 
  • La política de servicios sociales: En los últimos años se ha recortado el gasto en servicios sociales y se han reducido los servicios y prestaciones ofertadas. Las diferencias entre comunidades autónomas se amplían y no se desarrollan las nuevas leyes de servicios sociales. Desde el año 2011 al 2013, los perores años de la crisis, se ha reducido la inversion en servicios sociales en 0,19 puntos, pasando del 1,60 al 1,41 del PIB (Ver último índice DEC).

Informe sobre el estado social de la nación

El pasado 16 de abril se ha presentado en Madrid el Informe sobre el Estado Social de la Nación (descargar). Se trata de un informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales donde se recoge el resultado de un minucioso análisis de las principales circunstancias socio-económicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. El informe denuncia el incremento de la desigualdad, de la pobreza, de la precariedad laboral..; denuncia la desprotección de las familias (especialmente las que tienen menores a su cargo), lo injusto del sistema fiscal, la vuelta a prácticas asistencialistas basadas en la caridad y el "limosneo"...(descargar folleto). Pero no se trata de un informe más de denuncia... es un informe serio y valiente que anuncia un cambio de modelo de sociedad. Esto me parece su mayor mérito. Asistimos, a mi tampoco me cabe duda, a un cambio de modelo de sociedad donde se van haciendo fuertes los valores del individualismo, la competencia, el mercado... en detrimento de la igualdad, la cooperación y la justicia social. El informe denuncia el triunfo de una ideología que defiende que cada uno se apañe con su suerte y basada en el mito de que todo el mundo puede triunfar si se lo propone.


Estamos en un año electoral y nuestros gobernantes se afanan en proclamar el cambio de ciclo económico (con subida del PIB incluida),que estamos en el buen camino y regresarán las generosas cosechas... Todo el mundo sabe que no basta con buenas cosechas para acabar con el hambre... hay que repartir el fruto de la tierra.

Midiendo la Justicia Social

Todos las personas, en mayor o menor medida, entienden que la justicia social es un valor-fin por el que merece la pena preocuparse. Para aquellos que nos ocupamos profesionalmente de cuestiones relativas a los derechos sociales, el bienestar, la integración social... resulta de especial interés. Por eso me ha parecido oportuno compartir un informe sobre justicia social en Europa que realiza y difunde la prestigiosa Fundación alemana Bertelsmann. Este informe analiza y compara la justicia social entendida como igualdad de oportunidades. Mide la justicia social en base a seis dimensiones:

  1. Prevención de la pobreza
  2. Oportunidades educativas
  3. Acceso al mercado de trabajo
  4. Cohesión social-no discriminación
  5. Salud
  6. Justicia intergeneracional
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Cada una de estas dimensiones está medida por una serie de indicadores cuantitativos y cualitiativos en base a las propuestas del profesor Wolfgang Merkel del Berlin Social Science Center.  En base a estas dimensiones e indicadores el informe establece un índice de justicia social (de 0 a 10) en cada uno de los 29 países de la Unión Europeo. En el índice se ponderan cada una de las dimensiones, otorgando un valor triple a la dimensión 1 y doble a la 2 y 3.
Según el resultado obtenido en el índice se hace una relación de países en función de su nivel de justicia social. 

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Como puede observarse, España ocupa el puesto 21 con 4,85 puntos, perdiendo 0.28 respecto del informe del año 2011 (2008 - 2010) y 1,02 respecto al índice del informe de 2008 (periodo 2005-2008).
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La comparación de los resultados de los índices referidos al periodo 2005-2008 con el correspondiente al 2011-2013 nos muestra que sólo cuatro países mejoran en justicia social: Polonia (+0.99), Alemania (+0.45), Luxemburgo (+0.16) y República Checa (+0.02). Los que más empeoran: Irlanda (-0.87), Grecia (-0.86) y España (-0.74).

Las puntuaciones que obtiene España en las seis dimensiones se reflejan en el siguiente gráfico:


Las mejores puntuaciones las obtenemos en Educación (II), Cohesión-no discriminación (IV) y Salud (V). En el resto suspendemos, especialmente en acceso al mercado de trabajo.

El informe es muy jugoso, tanto por los resultados (aunque ya sabíamos quiénes están pagando la crisis) como por la metodología.

Recomiendo su lectura. Para descargar el informe pulsar la imagen (4 megas).